Expropiación de Cuba 11 abre paso a nuevo proyecto de vivienda en el Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad de México decretó este jueves 17 de septiembre la expropiación del inmueble ubicado en República de Cuba 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para incorporarlo al patrimonio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y destinarlo al desarrollo de vivienda de interés social y popular. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial y entró en vigor este mismo día.

El predio tiene una superficie de 635.72 metros cuadrados y la disposición permite al INVI asumir de manera inmediata la posesión física y administrativa del inmueble para ejecutar el programa habitacional. El decreto también contempla el pago de la indemnización que corresponda a quien acredite legalmente la propiedad o el interés jurídico sobre el predio.

La decisión ocurre poco más de un año después del desalojo de las familias que habitaban el inmueble, ocurrido el 27 de agosto de 2025. Desde entonces, personas afectadas mantuvieron un campamento frente al edificio y realizaron movilizaciones para solicitar una solución que les permitiera recuperar una vivienda o acceder a una alternativa habitacional. La propia Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México ha documentado el seguimiento institucional al caso.

El proceso de expropiación no comenzó con el decreto de este jueves. De acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento, el 29 de junio de 2026 el Comité del Patrimonio Inmobiliario determinó procedente iniciar los trámites correspondientes, mientras que el 10 de julio se declaró la utilidad pública del inmueble. Posteriormente, la Consejería Jurídica confirmó el avance del procedimiento administrativo.

La expropiación se sustenta en la utilización del inmueble para un proyecto de vivienda social. En este sentido, el caso se incorpora a las acciones del Gobierno capitalino para ampliar la oferta de vivienda destinada a sectores que enfrentan dificultades para acceder al mercado habitacional, una de las líneas de trabajo que actualmente desarrolla el INVI.

El antecedente inmediato también está relacionado con la situación jurídica del desalojo. En septiembre de 2025, el Gobierno capitalino señaló que la diligencia había derivado de una orden emitida por un juzgado civil y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana participó en calidad de acompañamiento. Al mismo tiempo, la entonces Secretaría de Vivienda comenzó a revisar la situación jurídica y documental del inmueble ante la solicitud de las personas afectadas.

En abril de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se había establecido una ruta de trabajo con las personas afectadas y distintas dependencias para atender el caso de Cuba 11. En aquella ocasión señaló que se buscaba resolver los mecanismos administrativos y jurídicos relacionados con el inmueble durante los meses siguientes.

Con el decreto publicado este jueves, el proceso entra ahora en una nueva etapa: el INVI podrá tomar posesión del inmueble y desarrollar el proyecto habitacional previsto. Sin embargo, la medida administrativa no elimina por sí misma las obligaciones jurídicas derivadas de la propiedad del predio, por lo que la indemnización y la acreditación de derechos forman parte de los aspectos contemplados en el propio decreto.

El caso de República de Cuba 11 también coloca nuevamente en el debate público la problemática de los desalojos y el acceso a vivienda en el Centro Histórico. Para las familias afectadas, la expropiación representa un cambio respecto al escenario posterior al desalojo; para las autoridades, implica convertir un conflicto habitacional y jurídico en un proyecto de vivienda social bajo administración pública. El resultado concreto dependerá ahora de la ejecución del proyecto, los procedimientos de indemnización y las condiciones bajo las cuales se determine el acceso a las nuevas viviendas.

Fuentes: Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Vivienda de la CDMX, Gaceta Oficial de la Ciudad de México y Jefatura de Gobierno.