Mariela Gutiérrez impulsa en el Senado castigo severo por ocultar placas vehiculares

¡Vaya maña tan socorrida esa de querer jugarle el dedo en la boca a la autoridad en pleno arroyo vehicular! Resulta que en las calles y calzadas del país ya se volvió deporte cotidiano encontrarse con autos que traen la matrícula embozada como si fueran a dar un golpe. Frente a esta añeja costumbre del «aquí no pasó nada», la senadora mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante subió a la tribuna del Senado de la República para presentar una iniciativa que busca meter en cintura a quienes recurren al truco de esconder las placas para circular en la total impunidad.

La propuesta legislativa plantea una modificación de fondo al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo primordial de la legisladora, representante de la bancada de Morena, es fijar una regla pareja en las 32 entidades federativas que permita a los agentes viales y jueces cívicos distinguir con absoluta claridad entre el desgaste natural del metal por el paso de los años y la trampa premeditada de quien sale a la calle dispuesto a torear las normas de tránsito.

Durante su exposición de motivos en la casona de Paseo de la Reforma, la congresista puso el dedo en la llaga al enlistar el ingenio que florece entre los automovilistas ventajosos. Desde la socorrida cinta de aislar para alterar un número, la clásica cinta canela sobre las letras o las micas oscuras con reflejante, hasta artefactos electrónicos más sofisticados que doblan la lámina con solo apretar un botón desde el tablero; todo un catálogo de ardides diseñado para burlar los radares y las fotomultas.

Gutiérrez Escalante, quien ocupa la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad e integra la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles, subrayó que estas conductas no son descuidos fortuitos del conductor despitado. La legisladora puntualizó que detrás de una placa tapada se esconde la intención deliberada de invadir carriles confinados del Metrobús o Mexibús, pasarse los semáforos en rojo o, en el peor de los casos, darse a la fuga tras atropellar a un transeúnte o cometer delitos mayores.

En el diagnóstico presentado ante el pleno, se destacó el impacto que esta práctica tiene en las arcas públicas y en las labores periciales. El Estado ha invertido sumas millonarias en arcos carreteros y cámaras de videovigilancia conectadas a los centros C5, pero toda esa parafernalia tecnológica queda reducida a chatarra inservible cuando el lente no puede registrar una matrícula porque alguien le pegó encima un pedazo de plástico o de cinta adhesiva.

Para evitar que la ley se aplique a rajatabla y paguen justos por pecadores, la iniciativa de la senadora establece una escala de sanciones basada en la proporcionalidad. Quienes traigan las placas ilegibles por polvo, lodo o deterioro involuntario recibirán una sanción administrativa local sin pisar el depósito vehicular, reservando el aseguramiento de la unidad únicamente para casos de reincidencia comprobada.

En cambio, para quienes recurran a la trampa con alevosía y ventaja mediante aditamentos, micas polarizadas o alteraciones físicas directas, el texto legal no contempla medias tintas: retiro inmediato del automóvil de la vía pública y arrastre directo al corralón desde la primera infracción, obligando al propietario a subsanar la falta y cubrir los costos correspondientes.

El cerco normativo también aprieta tuercas sobre el gremio del transporte público y de carga, un sector neurálgico en la movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. El proyecto estipula que cualquier operador o concesionario de microbuses, autobuses o vagonetas que oculte deliberadamente la identificación de la unidad enfrentará la revocación definitiva del permiso o la concesión de ruta, cerrando el paso a las unidades que operan al margen de la ley.

Con el turno del expediente a las comisiones unidas de Movilidad y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación, el Congreso de la Unión abre la puerta para armonizar los reglamentos de tránsito en todo el país. La discusión técnica sobre esta iniciativa continuará en los próximos días en la sede senatorial, perfilándose como un termómetro sobre la regulación vial en las grandes metrópolis mexicanas.