MC presiona a Morena con juicios políticos contra Rocha e Izunza

Por Bruno Cortés

Movimiento Ciudadano abrió una ofensiva política y legislativa contra tres frentes sensibles para Morena y sus aliados: la crisis de derechos humanos, el caso Sinaloa y las acusaciones de presunta narcopolítica. La jugada no es sólo jurídica: busca obligar al oficialismo a decidir si procesa expedientes incómodos o si los congela en la Cámara de Diputados.

El punto central es que MC intenta colocar en un periodo extraordinario temas que no estaban en la agenda principal de la mayoría legislativa. El periodo convocado para el 26 de mayo de 2026 estaba orientado a cuatro iniciativas en materia electoral y judicial, entre ellas la propuesta presidencial para aplazar hasta 2028 la elección de juzgadores y la creación de una comisión para revisar candidaturas y evitar perfiles vinculados con delincuencia organizada.

En ese contexto, el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued pidió incluir el juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en el periodo extraordinario del Congreso. También solicitó instalar la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia clave para revisar solicitudes de juicio político pendientes.

El caso Rocha es el expediente más explosivo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador sinaloense y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los señalados aparece Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.

El propio Departamento de Justicia advierte que los cargos son acusaciones y que los señalados mantienen presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Esa precisión es indispensable: editorialmente no debe presentarse el expediente estadounidense como sentencia ni como verdad judicial firme.

Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa después de que se conocieron las acusaciones en Estados Unidos. El mandatario negó los señalamientos y dijo que se apartaba del cargo para permitir que la Fiscalía General de la República investigara.

La otra pieza sensible es Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Colectivos de familias buscadoras presentaron las primeras solicitudes de juicio político en su contra por presuntas omisiones y falta de acompañamiento frente a la crisis de desapariciones, con el impulso de la diputada de MC Laura Ballesteros.

Con ambos frentes, Movimiento Ciudadano busca unir causas con alto costo político para el oficialismo: víctimas de desaparición, rendición de cuentas, combate a la corrupción y presuntas redes de protección al crimen organizado. El mensaje legislativo es claro: si Morena permite avanzar los expedientes, abre investigaciones contra figuras cercanas o funcionales a su bloque; si los frena, la oposición podrá acusarlo de encubrimiento.

La llave procedimental está en San Lázaro. La Comisión Jurisdiccional aprobó un exhorto para que se instale la Subcomisión de Examen Previo y se dé trámite a solicitudes de juicio político acumuladas ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

El juicio político no es un juicio penal. No implica cárcel ni sustituye investigaciones ministeriales. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que, si hay resolución condenatoria, las sanciones son destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La misma ley señala que la Cámara de Diputados actúa como órgano instructor y de acusación, mientras el Senado funciona como Jurado de Sentencia. En el caso de gobernadores, la resolución federal tiene efectos declarativos y se comunica al Congreso local para que proceda conforme a sus atribuciones.

Por eso, el caso Inzunza tiene una ruta distinta. Al tratarse de un senador, una eventual investigación penal en México requeriría revisar también el terreno de la declaración de procedencia, conocida como desafuero, que no es lo mismo que juicio político. Mezclar ambas figuras puede confundir al lector y debilitar la nota.

La ofensiva de MC también tiene una lectura electoral. Coloca a Morena ante expedientes que golpean su discurso anticorrupción y su promesa de no proteger impunidad. Además, cruza la agenda de seguridad con la disputa por el control del relato: si México investiga, preserva soberanía institucional; si no lo hace, deja que Washington marque la pauta.

El caso Sinaloa cambió el eje de la discusión. Ya no se trata sólo de cárteles, decomisos o capturas, sino de presuntos vínculos entre redes criminales y autoridades políticas. Ese salto hacia la narcopolítica vuelve más difícil para Morena administrar el tema como un asunto externo o exclusivamente diplomático.

En síntesis, Movimiento Ciudadano intenta convertir el periodo extraordinario en una vitrina de rendición de cuentas. El objetivo político es meter presión donde Morena preferiría controlar tiempos: CNDH, Sinaloa, fuero, juicio político y presuntas redes de protección institucional.