Geraldine Ponce acusa persecución en Nayarit tras arresto de sus brigadistas

«No es un delito, es una falta administrativa al reglamento de tránsito», reconoció ante la cámara un oficial de policía en Bahía de Banderas al momento de arrestar a cuatro integrantes del equipo de la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce. Las declaraciones del uniformado, grabadas en video por los propios afectados, se convirtieron en la prueba central presentada por la edila para denunciar acoso y persecución política en Nayarit.

La presidenta municipal de Tepic se trasladó al Centro de Justicia Cívica de Bahía de Banderas para exigir la liberación de sus colaboradores, entre los que se encontraba una mujer identificada como Mireya. «Su delito: ninguno. Solamente estaban para invitar a una asamblea por la defensa de la transformación y de la soberanía nacional», recriminó Ponce frente al inmueble municipal.

En su pronunciamiento, la funcionaria expuso la sistemática presión a la que se ven sometidos sus equipos de trabajo al ingresar a esta demarcación: «Cada vez que venimos a Bahía de Banderas hay intimidación, hay retención de vehículos y hay obstáculos a nuestras actividades. Quiero dejarlo claro, esto no me daña a mí, daña a nuestro movimiento y la libertad de participación del pueblo».

El incidente ocurrió mientras los brigadistas realizaban tareas de perifoneo e impresos del periódico Regeneración. El agente policial justificó la aprehensión comparando la supuesta infracción con «pasarse un alto», procediendo a la detención física de los ciudadanos y la remisión de los vehículos involucrados al depósito oficial.

La alcaldesa contrapuso la actuación de los elementos de seguridad con las garantías constitucionales de libre manifestación: «Hago un llamado al respeto y al fortalecimiento de nuestros principios como movimiento. Nosotros seguiremos recorriendo Bahía de Banderas y todo Nayarit, siempre con firmeza, con visión y del lado del pueblo».

Hasta la publicación de esta nota, los mandos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas y el gobierno local no han ofrecido declaraciones públicas para precisar los motivos del despliegue ni la cuantía de las faltas imputadas a los colaboradores. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades cívicas correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Este episodio se suma a una serie de fricciones previas registradas entre la estructura política encabezada por Geraldine Ponce y los gobiernos locales en diversas regiones del estado, evidenciando un ambiente de creciente confrontación a nivel municipal.