La operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tabasco se ha convertido en el epicentro de un conflicto abierto entre la empresa estatal, organizaciones civiles y pobladores locales. La publicación de un reporte exhaustivo por parte del observatorio Cartocrítica, que contabiliza la quema de 194 mil millones de pies cúbicos de gas al año, ha catalizado las demandas de las comunidades que atribuyen sus crisis sanitarias directamente a las chimeneas de la paraestatal.
Manuel Llano, director de Cartocrítica, ha fundamentado la denuncia mediante el cruce de imágenes satelitales infrarrojas con bases de datos epidemiológicas. La organización sostiene que la infraestructura de Pemex carece de la capacidad para procesar el volumen de gas extraído, optando por la incineración constante que expulsa toneladas de toxinas sobre asentamientos humanos que no tienen margen de reubicación.
En el centro del debate se encuentran los líderes comunitarios de municipios como Centla, Macuspana y Paraíso. Representantes ejidales argumentan que, durante los últimos cinco años, han entregado petitorios formales a las gerencias de responsabilidad social de Pemex y a la Secretaría de Salud del Estado, documentando el aumento atípico de asma infantil, conjuntivitis severa y afecciones dérmicas en los polígonos aledaños a las baterías de separación.
Hasta el cierre de esta edición, Petróleos Mexicanos ha mantenido una postura de reserva técnica frente a los señalamientos del observatorio. Documentos internos de la empresa, previamente hechos públicos en comparecencias legislativas, suelen atribuir la quema de gas a protocolos ineludibles de «seguridad operativa» para evitar la sobrepresión en las instalaciones, minimizando el impacto prolongado de las emisiones.
Por su parte, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) han advertido sobre la toxicidad específica de los gases emitidos. Los especialistas señalan que la combustión incompleta en los quemadores de Pemex libera partículas ultrafinas que penetran el torrente sanguíneo, advirtiendo que los daños registrados por Cartocrítica son apenas la manifestación aguda de un problema crónico mayor.
Las autoridades regulatorias, específicamente la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), enfrentan presiones crecientes por parte de legisladores de oposición y coaliciones ambientales para intervenir en la región. Las exigencias se centran en la realización de auditorías in situ y en la imposición de multas vinculantes que obliguen a la petrolera a invertir en infraestructura de captura de gas.
El choque de narrativas entre el cumplimiento de las metas de producción de Pemex y la evidencia de afectaciones a la salud presentada por la sociedad civil perfila un escenario de posible judicialización. Las comunidades afectadas exploran mecanismos legales, incluyendo amparos colectivos, para obligar a las autoridades federales a reconocer la relación causal entre la quema de los 194 mil millones de pies cúbicos de gas y la crisis sanitaria en el sureste.
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