565 mil maestros pidieron reglas; Monreal exige llevarlas a ley

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que el acuerdo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para restringir celulares y otros aparatos electrónicos en las escuelas debe quedar escrito en la ley. Lo dijo después de la Mañanera. El tono no fue de festejo fácil: fue de abogado que ve un hueco. El Ejecutivo ya dio el primer paso. El Congreso, según él, todavía no.

A partir del 3 de noviembre, en primarias y secundarias públicas y particulares del país, el teléfono podrá ir en la mochila, pero no encenderse en clase ni en el recreo. Solo emergencias o un caso particular. La presidenta lo resumió sin rodeos: ni como herramienta educativa dentro de la escuela ni durante el descanso. El recreo deja de ser zona libre de pantalla.

El acuerdo no nació de un decreto solitario. Lo firmaron por unanimidad las 32 entidades en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Mañana martes se publica en el Diario Oficial de la Federación. Después viene un mes de asambleas con maestras, maestros, madres y padres. La fecha no es un adorno: es el reloj que empieza a correr.

Para las familias el cambio es concreto. El dispositivo no se queda en la casa por obligación. Se queda apagado, guardado, a la mano por si hay un percance y lejos de la mesa del salón. En media superior cada plantel acordará sus propias limitaciones, con fines pedagógicos. En superior, cada universidad definirá su política de ciudadanía digital. La regla dura está en la educación básica.

Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo que el exceso de pantallas y plataformas afecta creatividad, ingenio y capacidad de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Esa afirmación la presentó como dato ya demostrado, no como ocurrencia de tribuna. El mismo argumento lo usó Sheinbaum al hablar de recuperar la creatividad y de cortar el uso indiscriminado vinculado a redes sociales.

La medida, advirtió el legislador, será de carácter administrativo y se aplicará a través de cada Secretaría de Educación estatal. Ahí está el nudo. Un acuerdo administrativo puede moverse si cambia el titular, el gobernador o el humor político. Una ley, dijo, tiene generalidad, abstracción, obligatoriedad e incluso coercitividad. No es lo mismo colgar un letrero en la puerta del salón que cambiar la chapa del edificio.

¿Y si el próximo ciclo alguien decide que “esta vez sí se usa para la clase”? Esa pregunta no es retórica de café. Hasta julio, al menos 16 estados ya tenían reglas propias, con alcances distintos: unos limitaban el uso en aula, otros la jornada completa, otros apenas protocolos internos. El mapa parecía cobija de retazos. El acuerdo nacional busca unificar. La ley, según Monreal, buscaría que esa unificación no se descosa.

Hay un ancla numérica que no se va. En la consulta nacional de la SEP participaron 565 mil 396 docentes. El 81 por ciento pidió lineamientos. El 48 por ciento reportó que los aparatos dificultan la atención; el 38 por ciento, que interrumpen la clase; el 38.7 por ciento, que los pleitos nacidos en redes se cuelan al patio. No es un corrillo. Es más de medio millón de gentes que dan clase todos los días.

El contexto internacional empuja en la misma dirección, con matices. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco documentó que, para marzo de 2026, 114 sistemas educativos —el 58 por ciento de los países— ya tenían alguna prohibición nacional de celulares en escuelas. La evidencia sobre calificaciones no es milagrosa ni unánime: hay estudios con mejoras modestas, otros con efecto cercano a cero en exámenes, y coincidencia más clara en menos distracción dentro del aula. México entra tarde al club, pero entra con fecha.

Lo que viene es práctico. Esta semana, el texto en el Diario Oficial. En octubre, asambleas escolares. El 3 de noviembre, la regla en la puerta. En San Lázaro, el periodo ordinario corre hasta el 15 de diciembre y ya había iniciativas sobre dispositivos en educación básica. Monreal no presentó hoy un articulado. Presentó un encargo: que el Congreso dé el segundo paso para volver permanente lo que mañana será acuerdo.

La mochila va a pesar igual. El recreo, si la norma se cumple, va a sonar distinto: menos pings, más gritos de verdad. Pregúntele a la maestra de su hijo, o al director de la vuelta, una sola cosa que sí se puede verificar en los próximos treinta días: ¿cómo van a avisar si hay una emergencia cuando el teléfono esté guardado? Esa respuesta, más que el discurso, va a decir si esto es reglamento de papel o regla de patio.