Ricardo Mejía insiste en reforma al Buró de Crédito para dar una segunda oportunidad financiera
Por Juan Pablo Ojeda
El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que insistirá ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que avance y sea aprobado el dictamen que reforma las reglas del Buró de Crédito.
El legislador señaló que buscará que la propuesta sea discutida antes de la aprobación del Paquete Económico, al considerar que los cambios permitirían beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos que ya regularizaron sus adeudos.
Uno de los principales planteamientos de la reforma consiste en reducir de seis a tres años el periodo durante el cual permanece un historial crediticio negativo, con el propósito de evitar que una deuda liquidada continúe representando durante largos periodos un obstáculo para obtener nuevos financiamientos.
Mejía Berdeja sostuvo que actualmente existe una especie de estigma financiero para quienes tuvieron problemas de pago, incluso después de haber cubierto sus obligaciones. Por ello, afirmó que la iniciativa pretende establecer una segunda oportunidad para quienes ya se pusieron al corriente.
Otro punto de la propuesta busca obligar a bancos, empresas comerciales y compañías telefónicas a informar de manera inmediata al Buró de Crédito cuando un usuario haya liquidado su adeudo. En caso de incumplimiento, planteó que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda imponer sanciones.
El diputado también propuso establecer una ventanilla de aclaraciones para que los usuarios puedan consultar y conocer con mayor facilidad cuál es su situación dentro de los registros crediticios y resolver posibles inconsistencias.
El legislador del PT reconoció que existen resistencias de grupos de interés ante los cambios planteados, particularmente en torno a la reducción del tiempo que permanece la información negativa. Sin embargo, defendió que la medición del riesgo debe mantenerse basada en información actualizada y no convertirse en una sanción permanente.
Mejía Berdeja argumentó que mantener durante demasiado tiempo un historial negativo puede cerrar el acceso al financiamiento formal para millones de personas, quienes podrían terminar recurriendo a prestamistas, casas de empeño o mecanismos informales de crédito.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción adelantó que buscará convocar a la Comisión de Hacienda la próxima semana, con la intención de que el dictamen pueda ser llevado al Pleno a finales de septiembre. Además, informó que su comisión analiza una propuesta sobre actualización del catastro y los registros para combatir prácticas como dobles ventas y despojos inmobiliarios.
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